Fuente Medianalisis
Tres unidades de diálisis y 42 equipos en condiciones poco óptimas ponen tensión durante
tratamiento a 150 pacientes renales en Yaracuy, mientras esperan la promesa de una nueva
sede con 30 máquinas modernas.
Cortes eléctricos, falta de especialistas y altos costos de transporte agravan la crisis en un
sistema de salud que no garantiza condiciones dignas para quienes requieren hemodiálisis
tres veces por semana.
En Yaracuy, 150 pacientes renales luchan por tener un tratamiento óptimo que le brinde
mejores condiciones de salud mientras aguantan cortes eléctricos y ausencia de
especialistas. Con solo tres unidades de diálisis operativas (dos en San Felipe y una en
Bruzual) y 42 máquinas con muchos años de uso, la atención resulta insuficiente para
garantizar un tratamiento estable.
El equipo periodístico de Cotejo.info, en un reportaje regional, logró entrevistar a
miembros de la Asociación Civil de Pacientes Renales Pablo Navea quienes advierten
que la crisis se profundizó tras el cierre de la unidad de Independencia en 2023. Desde
entonces, los pacientes se concentran en el Hospital Central de San Felipe, donde se
recibieron 15 máquinas nuevas como última dotación. No ha habido reposiciones
posteriores.
Las interrupciones eléctricas obligan a reducir las sesiones de hemodiálisis de tres a dos
horas, afectando la calidad del tratamiento. En la Unidad de Diálisis Yaracuy, la más
concurrida, las denuncias incluyen filtraciones, fallas en la planta de ósmosis, falta de
planta eléctrica, mobiliario en mal estado e incluso presencia de roedores.
“Las fallas de las máquinas son un problema que no puede esperar. Aunque el
mantenimiento ha mejorado, nuestras vidas dependen de equipos que se dañan con
frecuencia”, declaró Esperanza Rodríguez, presidenta de la asociación y paciente renal
desde hace seis años.
A esta precariedad se suma la falta de especialistas. En algunos centros, un nefrólogo
acude apenas cada 15 días, y el resto del tiempo los pacientes son atendidos por médicos
generales, en contra de lo establecido por la normativa oficial de hemodiálisis en
Venezuela. Entre 2020 y 2023, las protestas de enfermos renales evidenciaron la
desatención, motivadas por equipos dañados y ausencia de mantenimiento.
Quieren mejor transporte
Más de la mitad de los pacientes vive en municipios rurales y depende del transporte
público para llegar a sus terapias. Muchos deben tomar hasta dos autobuses por trayecto,
con un pasaje urbano de 0,20 dólares, gasto difícil de sostener tres veces por semana.
“Salir de diálisis nos deja débiles, y aun así algunos tenemos que caminar largas
distancias”, contó Ruth Garrido, paciente renal, quien recordó el caso de un compañero
que acudía en silla de ruedas desde Las Mercedes y falleció sin transporte adecuado.
Una promesa en camino
En agosto de 2025, el gobernador de Yaracuy, Leonardo Intoci, anunció la construcción
de una nueva sede en el Ambulatorio Dr. Manuel Alcalá Medina (municipio
Independencia), equipada con 30 máquinas de última tecnología, lo que la convertiría en
la unidad más grande del centroccidente del país.
De manera paralela, el gobierno regional inició trabajos de rehabilitación en la Unidad
Yaracuy, con impermeabilización, mejoras en la planta de ósmosis y remodelación de
salas. También se incorporaron pacientes a programas de atención médica y colocación
de fístulas.
Estos avances representan un alivio parcial, pero no solucionan la crisis estructural.
“Nuestra esperanza está en esa nueva sede y en que los programas de salud se
mantengan en el tiempo”, insistió Rodríguez.
Mientras el proyecto se materializa, los pacientes continúan expuestos a equipos
deteriorados, a la falta de condiciones adecuadas y sin acceso a trasplantes, pues el
Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) sigue paralizado desde hace más de
ocho años en Venezuela.
Para leer el reporte completo, visita nuestra web: Cotejo.info.
